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Pastor E. Durán (especial para ARGENPRESS.info) 05-03-2007

Cuando Martín Torrijos era candidato presidencial, uno de sus 'slogans' propagandísticos era aquel de: 'Cero corrupción'. Hoy, que Martín es Presidente de la República, el pueblo panameño es testigo de los elevadísimos grados de corrupción que se palpan en el Sistema de Justicia, de la misma forma que se perciben en la Asamblea de Diputados y en el Ejecutivo. No conforme con el control que ya ejerce, incluida la Procuraduría General de la Nación, con la ley aprobada a fines del año pasado, ahora el Gobierno insiste en imponer el nombramiento de más magistrados en la Corte Suprema de Justicia que, además de constituirse en una carga económica para el Estado, garantice el reino de impunidad, injusticia, corrupción, latrocinio y nepotismo que hoy goza la mafiocracia imperante en el país.

La contratación dudosa de la empresa brasileña 'Odebrecht' vinculada a escándalos de corrupción durante el Gobierno de Color de Mello, hace imaginar al pueblo cuánto dinero está corriendo en la construcción de la autopista Panamá – Colón. Y no es que el pueblo sea mal pensado. Es que se conocen ampliamente los casos del CEMIS, de Panama Ports, de las boyas (de Hugo Torrijos), los duros dólares, la Ley BANISTMO, y tantos otros que siguen en la impunidad.

Es la especie de contratos y negociados que han favorecidos a ex presidentes que, para colmo, disfrutan con recordarle al pueblo sus latrocinios con actos de exhibicionismo: exposición de autos lujosos, yates, aviones, joyas, mansiones, safaris, viajes, negocios, mientras el pueblo sigue aguardando justicia. Es a este reino de la impunidad y la corrupción a la que, sin ninguna duda, retornan los grandes delincuentes, como el Ex Gerente del Banco Nacional, Rafael Arosemena, y como pretende hacerlo el mismísimo Manuel Antonio Noriega.

La situación se torna más atractiva para los delincuentes de cuello blanco, puesto que las reformas al Código Judicial garantizan la impunidad para los casos de enriquecimiento ilícito. Por otra parte, prosiguen las ofensas contra las necesidades del pueblo. El último caso lo constituye el aumento al doble de las dietas de los Representantes de Corregimiento, justificados por ellos para poder atender el clientelismo politiquero.

Otra 'belleza' del Concejo Municipal es que ha permitido un oneroso presupuesto para proyectar la imagen del Alcalde capitalino, reconocido por sus deseos de figuración y sus grandes ambiciones políticas. Otro elemento de la corrupción lo constituyen los hechos de violación carnal, narcotráfico, abusos y tráfico de influencias en los que se han visto envueltas unidades de la Policía Nacional, incluyendo sus rangos más altos, mientras el pueblo se debate en medio de la gran inseguridad ciudadana imperante.

En ese mismo orden, el Gobierno impuso una tripleta sacada entre el fiscal y los magistrados que se dedicaron a perseguir a dirigentes populares durante el pasado referéndum sobre el Canal (Solís, Valdés Escofery, y Pinilla), todos ellos envueltos en escándalos de corrupción (cobro de vacaciones, uso de vehículos del Estado, nepotismo, alquiler de locales, etc.), con lo cual demuestran su total desprecio a la opinión pública. Estos personajes son responsables directos de sanciones y multas impuestas contra dirigentes populares.