Los paralelismos hondureños: Una “normalidad política” en una sociedad fallida

Ismael Moreno. Honduras, Radio Progreso.

¡Quién para entender los vericuetos de la realidad hondureña! El mes de septiembre culminó con un presidente Lobo firmando la adhesión de Honduras a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) liderada por el mismísimo Hugo Chávez, mientras el mismo Lobo Sosa coloca a Leonidas Rosa Bautista como embajador permanente en la OEA.

El mismo contra quien se realizó la huelga de hambre más emblemática de 38 días por proteger corruptos mientras fungió como Fiscal General de la República, o nombra como nuevo Canciller a Arturo Corrales Álvarez, vocero y conductor de la comisión de diálogo que representaba al presidente de facto, Roberto Micheletti, en los meses más aciagos del ambiente del golpe de Estado.

Mientras es acompañado de este personaje presente en todos los espacios de negociación que han existido en la última década, el presidente Lobo Sosa declara en la propia Asamblea de la ONU que todos los problemas y violaciones a los derechos humanos se agudizaron en Honduras a partir del golpe de Estado, así como hacía un llamado para el reconocimiento del Estado Palestino. En ese mismo foro mundial, Lobo Sosa proclamó que la lucha contra el narcotráfico nunca podrá ser exitoso en tanto no se ataque la droga en el país mas consumidor de la misma, Estados Unidos, justamente cuando crece el rumor interno de que la intempestiva remoción del Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, a comienzos de septiembre, tuvo que ver al menos en parte con el anuncio que el exministro había hecho de depurar la policía de oficiales vinculados con la supervisión del aterrizaje de narcoavionetas en diversos puntos del territorio hondureño.

¡Quién para entender la realidad hondureña! Mientras una encuesta de finales de septiembre realizada por el centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), recoge una percepción altamente negativa que la gente tiene de la presidencia de la República, por considerar que beneficia a los ricos y deja más en precariedad la vida de los pobres, al interior del Partido Nacional se elevan voces de dirigentes de extrema derecha que afirman que “Pepe Lobo ha traicionado al Partido Nacional y ha entregado el país a manos de los comunistas encabezados por Hugo Chávez. Pepe ha salido peor que Mel”. Y mientras diversos sectores populares convocan a movilizaciones en la conflictiva zona del Aguán en demanda porque el gobierno retire a los miles de efectivos militares que han convertido ese territorio en una zona de guerra, el ex presidente de facto, Roberto Micheletti, califica a Lobo Sosa de indeciso y tambaleante, de hacer favores a los comunistas, y le lanza la solapada amenaza de correr la misma suerte que Mel.

El contexto hondureño que ha condicionado el primer semestre del año y que va definiendo el rumbo del segundo semestre apunta a esta realidad en paralelismo, que de seguir así puede ser el mayor caldo de cultivo para avanzar hacia un futuro de fermente sociedad fallida. Por una parte, todos los caminos políticos, desde la extrema derecha hasta la izquierda más dura, parecen apuntar hacia dirimir los conflictos en el terreno político electoral, y por otra parte, el país entero se sigue hundiendo en la inseguridad, la violencia y la ley del más fuerte,

Hacia la “normalidad” política

En estas aparentes ambigüedades, la administración de Porfirio Lobo Sosa ha logrado capitalizar a su favor los diversos efectos que se desencadenaron tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La iniciativa y la conducción del proceso político hondureño la tiene Lobo Sosa y los sectores que se aglutinan en torno a su administración. Con los acuerdos de Cartagena de Indias y el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en mayo y julio respectivamente, la administración de Lobo Sosa ha logrado una reinserción exitosa del Estado hondureño en la comunidad internacional, al tiempo que ha logrado un pleno reconocimiento por parte incluso de aquellos gobiernos que habían sostenido su cuestionamiento y escepticismo a un régimen nacido en un contexto de golpe de Estado. La adhesión en estos últimos días a la CELAC confirma este dinamismo.

Los Acuerdos de Cartagena, firmados el 22 de mayo del presente año representan la jugada política sin duda más coherente con la búsqueda de la “normalidad” hondureña. Con el pleno acuerdo del expresidente Zelaya Rosales y el propio Lobo Sosa, y con la firma de los dos líderes políticos latinoamericanos que representan las corrientes ideológicas y políticas confrontadas en América latina, los acuerdos no pudieron tener mejor aval. Los sectores de la derecha y extrema derecha no podían dudar de unos acuerdos avalados por el ejemplar gobierno colombiano, mientras una firma de Hugo Chávez no podría jamás despertar sospecha alguna en los líderes de la resistencia política hondureña.

Con los Acuerdos de Cartagena de Indias se sentaron las bases para el retorno triunfal de Zelaya Rosales, el retorno exitoso de Honduras al seno de la OEA, la salida del congelador de las ayudas y créditos que la comunidad internacional tenía retenidas mientras no se lograra una normalización del estado de cosas políticas en Honduras, el reconocimiento del Frente Nacional de resistencia Popular como fuerza política legalmente reconocida y la oportunidad de una convocatoria por parte de los sectores confrontados a una asamblea nacional constituyente. Todo el dinamismo que se abrió con los Acuerdos de Cartagena desembocó en una nueva coyuntura definida por el espectro político electoral. Toda la conflictividad y confrontación política que se amasó a lo largo de los meses que corrieron entre julio de 2009 y mayo de 2011, acabó reducida en el campo de la lucha política electoral. Este ha sido sin duda el mayor éxito de la capacidad de maniobrar política de los sectores que se agrupan en torno a la administración de Lobo Sosa.

¿Qué ha buscado este proceso político, tan ágilmente conducido desde un sector político hondureño en alianza con un sector latinoamericano liderado previsiblemente por Colombia, México y Brasil?: que en el caso hondureño se amarre el contexto en torno a un gobierno que parece aglutinar a diversos sectores políticamente de centro, y dar señales que se ha logrado aislar a los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación divulgado en el mes de julio vino a dar un marco de estabilidad a la lectura y al proceso político que se venía poniendo en marcha tras los Acuerdos de Cartagena de Indias. El Informe reconoce que lo ocurrido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado, que la elección de Roberto Micheletti fue ilegal, y por tanto, se trató de un gobierno de facto, que durante este período de siete meses ocurrieron notables violaciones a los derechos humanos promovidos y ejecutados por las Fuerzas Armadas y la policía. Y lo más notable, el Informe presenta más de ochenta recomendaciones que tienen que ver en directo con reformas para evitar que se repita un golpe de Estado, para recuperar el proceso de la democracia y el Estado de Derecho, la vigencia y respeto de los derechos humanos, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y enjuiciamiento y sanción a los violadores de los derechos humanos.

El Informe de la CVR acaba cuando el gobierno de Lobo Sosa comienza, y por tanto deja un ambiente de legitimidad a lo que ha ocurrido después del 27 de enero de 2010. El gobierno a su vez se comprometió a cumplir con las recomendaciones del Informe, sin embargo, con la clausura de las funciones de la CVR a finales de agosto, no se había dado ni una sola señal de interés por parte de las instituciones de la administración de Lobo Sosa por hacer referencia a alguna de las recomendaciones, mucho menos llevarlas a su cumplimiento. El Informe de la CVR logró el objetivo que pretendía sus impulsadores: retornar la realidad política hondureña a la “normalidad”, “dar vuelta a la página”, y así continuar todo el proceso orientado a su cumplimiento en el estricto terreno político electoral.

Todo huele a campaña política

A partir del segundo semestre del año, todo parece oler a campaña política. La línea del Partido Nacional que lidera Lobo Sosa se esfuerza en capitalizar a su favor el ambiente de “normalidad” y trasladar esta influencia al ungido del titular del Ejecutivo, el actual presidente del Congreso Nacional, mientras relega a un segundo plano, o incluso hasta dejar por fuera a las fuerzas tradicionalmente “oscuras” del partido, es decir, el sector de la extrema derecha política del Partido Nacional, encabezada por el expresidentes Rafael Leonardo Callejas. Hay quienes advierten de las presiones que comienzan a moverse desde estas fuerzas para exigir que el presidente Lobo cambie de rumbo o se le obligue a un tipo de dimisión.

Por su parte el Partido Liberal se afana en buscar un camino para organizar una propuesta coherente a partir de los pedazos en los que quedó reducido el Partido, especialmente a partir de los sucesos el 28 de junio de 2009, mientras el Frente Nacional de Resistencia Popular, convertido a partir de junio en Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), luego reconvertido en el Partido de la Resistencia Popular (PRP), el cual en virtud de conflictos internos y contradicciones con la normativa del Tribunal Electoral, a partir del 2 de octubre se acabó denominando Partido de la Libertad y Refundación (LIBRE) el cual bajo el indiscutible liderazgo de Zelaya Rosales, está dedicado a juntar las firmas y dar formalidad institucional al instrumento político con el cual se presentará con todas las euforias al proceso electoral que culminará el último domingo de noviembre del año 2013.

Entre estas ofertas, la campaña política ha despertado la fiebre de diversas y nuevas opciones políticas electorales, que reúnen a sectores que han sido parte del tradicionalismo político, pero advertidos del deterioro de las dos maquinarias electorales más importantes del país, han decidido explorar nuevas posibilidades. Así han nacido y florecen opciones como la que lanza a la candidatura del responsable directo del golpe de Estado, Coronel Romeo Vásquez Velásquez, o como el Partido Anti Corrupción que lidera el excéntrico comentarista deportivo Salvador Nasralla, quien en apenas dos meses logró superar con creces los requisitos mínimos de firmas para la inscripción como partido político en el Tribunal Supremo Electoral.

La lógica de “dar vuelta a la página”

Tanto los Acuerdos de Cartagena de Indias como el Informe de la CVR lograron que Honduras le diera vuelta a la página, mientras los sectores económicos capitalizan a su favor este ambiente de aparente normalidad política para lanzar sus propios proyectos de alta radicalidad neoliberal. Para mayo, tuvieron la osadía de convocar a prominentes expositores multinacionales para lanzar el operativo económico, “Honduras is Open for Business”, que no fue sino un modo de decir que la salida de la crisis hondureña no se encuentra jamás en el capital interno del país ni menos en su mediana o pequeña empresa. Toda salida a la crisis ha de ponerse en manos del capital multinacional externo. Para completar esta visión económica, el alto empresariado logró una alianza con los políticos hondureños para aprobar la legislación y los mecanismos de implementación de las llamadas “Regiones Especiales de Desarrollo” o “Ciudades Modelo”, un régimen económico bajo una legislación especial, extraña a la legislación nacional, y vigente dentro de un determinado territorio nacional.

La otra Honduras, de sangre en sangre

Sin embargo, la “normalidad política” lograda en el país transcurre en paralelo a la otra Honduras, la que impacta diariamente con sus escalofriantes datos de violencia y crueldad. Todo lo político ha pasado a ser dirimido en contiendas político electorales mientras los informes de organismos no gubernamentales coinciden en dar cuenta que en la Honduras de este segundo semestre del año ocurren un promedio de dos masacres al día, con un promedio de 20 personas asesinadas diariamente, lo que sitúa al país como el más violento por encima de Guatemala y El Salvador. Un informe de finales del año 2010 originado en México daba cuenta de una lista con la capital hondureña junto a San Pedro Sula dentro de las diez ciudades más violentas del planeta, y de igual manera, otro informe sitúa a Honduras junto a El Salvador y Guatemala como el triángulo de mayor inseguridad en el mundo. De acuerdo a un informe de un organismo de los Estados Unidos por la ruta hondureña circula en torno al 90% de la cocaína que luego pasa por Guatemala y México para internarse en territorio estadounidense.

Mientras los diversos sectores políticos, desde el espectro de la extrema derecha hasta los miembros militantes de la resistencia hondureña, se estructuran para participar con éxito tanto en las elecciones primarias del próximo año como en la contienda electoral general del año 2013, el ex Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, hizo pública la denuncia sobre avionetas que diariamente aterrizan en territorio hondureño transportando drogas, supervisadas por oficiales activos de la policía hondureña. Mientras la izquierda se afana en lograr las firmas para cumplir con el requisito que el Tribunal Supremo Electoral exige para inscribir el Partido de la Resistencia Popular, campesinos constantemente son asesinados en la zona del Aguán en el marco de un conflicto que de ser agrario ahora se ha convertido en zona de disputa entre grupos campesinos, terratenientes agroindustriales, profesionales de la política y carteles del crimen organizado.

¿Quién será el siguiente?

Mientras la comunidad internacional y los diversos sectores políticos dieron vuelta a la página hondureña y emigraron las confrontaciones hacia el campo político electoral, los periodistas y comunicadores sociales siguen en vilo preguntándose quién será la siguiente víctima en un ambiente en donde quince de ellos han sido asesinados a lo largo de dos años. El Informe de la CVR recomienda al gobierno una atención directa a las condiciones en las que los comunicadores ejercen su labor, al tiempo que demandan reformas institucionales para democratizar el acceso a los medios de comunicación y al pleno ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno dejó en los archivos las recomendaciones, y todos sus esfuerzos parecen estar puestos en seguir dando estabilidad política para que avancemos con sexito hacia el proceso político electoral.

Ley del más fuerte no respeta ideología

¿Cuál es la explicación de tanta muerte de periodistas? Lo primero a decir: en estos asesinatos no pesan los motivos ideológicos o una específica posición en relación con la política hondureña. No se mata a periodistas porque piensen de tal o cual manera, o porque militen en este o aquel partido u organización política. No se aprieta el gatillo contra un comunicador social porque sea de la resistencia o porque haya apoyado el golpe de Estado, aunque no se excluye que en algunos casos el argumento político o ideológico haya sido uno de los móviles para acallar una voz.

Cada una de las muertes de las quince que han ocurrido desde el golpe de Estado, reviste sus propias características. Las ha habido muertes de periodistas o comunicadores sociales que eran muy afines a la resistencia; han matado a periodistas que laboraban en medios muy comprometidos con el golpe de Estado; han asesinado a comunicadores sociales que no se metían en nada directamente político. Es decir, cada muerte tiene su propia peculiaridad.

Y aquí es donde está lo terrible de esas muertes. Basta que una persona, puesta delante de un micrófono o de una computadora o de una cámara, publique o divulgue una noticia que afecte a quien en la comunidad, el municipio o el departamento tenga poder, mucho dinero y mucha influencia para que la vida de quien dio la noticia se ponga bajo riesgo mortal. Y cuanto más alejada se encuentre esta persona de los mayores centros urbanos del país, la amenaza mortal aumenta.

Esto es así porque en las comunidades, municipios y departamentos, la institucionalidad del Estado se encuentra tan aplastada que en lo fundamental es fácil presa para que la misma avale a quienes son fuertes porque tienen poder, dinero y otros privilegios. Esta situación los hace tan grandes e impunes que utilizan las instituciones del Estado para lo que se les antoja. Si en un municipio, a un comunicador social se le ocurre transmitir una noticia que afecte a una de estas personas o familias, entonces estas personas fácilmente deciden contratar un par de matones para eliminar a quien tuvo la osadía de mencionarlo en la radio o en el medio local. El Estado no solo sabe esto, sino que las instituciones y sus funcionarios se convierten en barrera protectora para que los fuertes sean además inmunes y actúen con plena impunidad.

El asunto se agrava porque quien ejerce la ley del más fuerte en una comunidad o municipio, sabe que en cualquier caso el Estado no lo tocará. Ante un jefe de la policía, un fiscal, un juez, el fuerte de la localidad goza de protección. La relación con el más fuerte representa para los funcionarios públicos beneficios y prebendas económicas muy superiores a los salarios devengados. Y quien ejerce la ley del más fuerte sabe a ciencia cierta que tiene las manos libres para actuar con la plena impunidad porque el Estado, a lo sumo, podrá capturar y procesar a quienes ejecutaron la acción, pero jamás tocará a quienes dieron la orden, porque ellos gozan de la protección del Estado, y en última instancia los fuertes de una localidad actúan y ejercen como si fuesen el Estado mismo.

Un ejemplo de la sustitución del Estado por la ley de los fuertes es lo que ocurrió en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en la costa norte hondureña, en junio de 2010, anotado en la edición de Envío de julio del año pasado, y que no es ocioso recordarlo. Conforme a numerosos testimonios oculares, incluyendo a algunos del personal de Radio Progreso, un hijo de Roberto Micheletti Baín –Aldo Micheletti-- provocó un accidente de tránsito cerca de las instalaciones de Radio Progreso, tras el cual hubo al menos una víctima mortal y varios heridos. Las autoridades locales organizaron toda la información, hasta demostrar ante la ley que la persona que conducía el automóvil que provocó el accidente no era el hijo del ex presidente de facto, garantizando a su vez a quien se auto inculpó, un juicio breve y una sentencia favorable. En este acaso, la ley del más fuerte establece que quienes sostenemos la versión original, somos mentirosos y quedamos expuestos a ser enjuiciados por quienes han torcido la ley. La ley del más fuerte no tiene fisura: nadie tiene capacidad de hacer valer otra verdad que la oficial, porque la ley ya dio su veredicto inapelable a favor de quien en los hechos ejerce el poder en nombre del Estado.

En este contexto de alta precariedad y arbitrariedad institucional, las muertes de periodistas y comunicadores sociales, seguirán en la sombra de la impunidad, porque la impunidad es lo propio de una sociedad que se sustenta bajo la ley del más fuerte. Hasta el sol de ahora, en los acuerdos se han tocado asuntos políticos, y los diálogos nos están conduciendo a que dirimamos las asperezas y divisiones en el terreno político electoral. Pero la impunidad sigue intacta y es intocable, porque se trata de un íntimo contubernio entre el Estado y quienes ejercen la ley del más fuerte.

Este paralelismo entre la aparente normalidad política hondureña y la realidad de indefensión y sometimiento de los principales factores de la sociedad a la “ley de los más fuertes” contribuye enormemente a conducir al país hacia una sociedad fallida y en estado de esquizofrenia política y social, que en última instancia subordina toda la institucionalidad política y jurídica a los intereses y decisiones de los actores que deciden desde el poder que les permite la impunidad y la fuerza.

Signos de sociedad fallida

El asunto hondureño no es en primer lugar político que se puede resolver con elecciones. La crisis que se destapó con el golpe de Estado es el resultado de procesos continuados de acumulación e conflictos, y que convirtió a los partidos políticos y a la institucionalidad política, jurídica y económica en instrumentos obsoletos frente a las demandas sociales e institucionales. No se puede resolver la crisis hondureña con la misma salida de una política que ya ha caducado. La comunidad internacional equivocó el camino, aunque de momento parece que “estabilizó” el entuerto hondureño. Lo que ha hecho es lo mismo que se expresó con el golpe de Estado: posterga una solución que en los hechos significa que sigue acumulando conflictos.

El asunto hondureño es actualmente de supervivencia e inseguridad, y que actualmente se expresa con signos que nos conducen hacia una sociedad fallida con una supervivencia continuada y persistente. Y en esta tendencia, el proceso electoral será un factor decisivo de cooptación de otros caminos alternativos, al tiempo que la sociedad fallida desde esta supervivencia persistente capitalizará el proceso electoral para que el mismo conviva pacientemente como otro factor más de una sociedad y un Estado subordinados a quienes ejercen la ley del más fuerte.

¿Quiénes rompen paralelismo? ¿Cómo se rompe?

Estos paralelismos en la situación hondureña acabará llevando a que la realidad más débil de dichos paralelismos quede subordinada a la segunda, en este caso, la realidad política y la institucionalidad jurídica quedarán sometidas sin remedio a la realidad que de hecho gobierna al país: la que se define a partir de los hilos de la violencia, de la impunidad y de la ley del más fuerte. Romper con este paralelismo es una necesidad política de primer orden. ¿Quiénes lo rompen? Es muy difícil que esa ruptura se logre desde sus principales beneficiados, que en este caso son aquellos grupos que se escudan en la fragilidad institucional y en el miedo de la gente para imponer sus propias leyes.

La ruptura política comenzaría identificando y aislando, ante todo, a los sectores que sacan ventajas y sostienen a su vez este ambiente de impunidad y violencia, es decir, los sectores que se agrupan en torno al crimen organizado, y a aquellos grupos o sectores que más cercanamente los respaldan y avalan, como la policía, jueces, fiscales y políticos y personajes de la alta empresa privada.

Identificando y eventualmente aislando a estos grupos, se puede avanzar hacia otras identificaciones: ¿Quiénes son los que más pierden en este paralelismo? Sin duda, los sectores que muy poco tienen que ver con las decisiones políticas que se toman, y los que más pierden en el terreno de la seguridad ciudadana, la violencia y el chantaje: las organizaciones comunitarias, populares, campesinas, defensoras de derechos humanos, étnicas, de género y juventudes. La ruptura se ha de emprender desde la alianza al interior de estas organizaciones –una especie de pacto popular--, y desde aquí proponer un camino que conduzca hacia una propuesta de pacto social que comprometa al gobierno, los partidos políticos, y especialmente a los sectores políticos aglutinados en torno al Frente nacional de Resistencia Nacional.

La lucha por un pacto social es un modo de situarse en ruptura con el paralelismo, puesto que el pacto social propone y sugiere contenidos que descolocan a los sectores políticos de la realidad política electoral normalizadora al tiempo que sitúa la lucha popular a partir de contenidos y demandas que resitúan la lucha política no tanto a partir de lo político electoral, sino desde histórico popular, y desde este marco la participación política electoral adquiere su auténtica dimensión. Por tanto, la lucha por un pacto social es liderado por los sectores sociales populares en alianza a partir de sus propios contenidos de lucha, establecen negociaciones con el gobierno y los grupos elites tanto de la política como de la economía, al tiempo que aíslan a los sectores que controlan los hilos del paralelismo desde la violencia, la impunidad y la ley de los más fuertes.

Enviado por editores el Dom, 2011-10-09 06:44. categories [ ]