Reflexion sobre la discriminacion, al inmigrante y otros grupos en Chile

Contra la discriminación, por una cultura de acogida e integración

Manuel Hidalgo Valdivia,

Presidente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del caribe, APILA. Miembro de MIREDES Internacional.

En Chile, la conmoción pública provocada por el brutal asesinato del joven homosexual Daniel Zamudio en marzo pasado, abrió espacio a que creciera la presión ciudadana sobre la dictación de una Ley Antidiscriminación y a que se trascendiera algo del debate acerca de sus contenidos.
En este contexto, es fundamental ampliar el debate nacional sobre la discriminación en Chile, en función no sólo de los términos que debiera contemplar una eficaz Ley Antidiscriminación, sino que establecer las raíces de las conductas y prácticas discriminatorias, de modo de encarar de la manera más integral posible el desafío de su erradicación.
Las raíces históricas de la discriminación
Cuando en marzo de 2005, el entonces presidente Lagos recogió la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que reclamaban la dictación de una Ley Antidiscriminación, y envió al Congreso un proyecto de ley al respecto, en los fundamentos del mismo reconoció que “por distintas razones, sectores de nuestra sociedad siguen siendo vulnerados por conductas discriminatorias e, inclusive, violentas. Así lo indican diversos estudios sobre la actitud de los chilenos frente a la aceptación de personas y grupos diferentes. Estos concluyen que la discriminación y la intolerancia están alojadas en el núcleo de la cultura y que operan de modo inconsciente como estereotipos, prejuicios, valores o creencias que cada uno acepta y aplica cotidianamente sin cuestionamientos.”
Al preguntarnos qué tipo de cultura es la que naturaliza las actitudes y prácticas discriminatorias, encontramos que se trata de un sustrato cultural propio de sistemas sociales segregadores, segmentadores, en el que las personas y grupos sociales son empujadas a adscribir a identidades de tipo sectario, que se afirman negando, destruyendo, denostando, menospreciando, invisibilizando o invalidando a otras u otros.
Quienes discriminan, lo hacen afirmándose en una presunción de normalidad y/o superioridad de su propia condición, que justificaría la descalificación, la reprobación o el rechazo de quienes no reúnen esa condición.
Los procesos de colonización económica y cultural de nuestros pueblos, acrecentados en las últimas décadas bajo el capitalismo neoliberal, han tenido por resultado este tipo de impacto en la subjetividad y en las relaciones interpersonales de la sociedad chilena. Diversas formas y condiciones de opresión, exclusión, discriminación, inicialmente impuestas por la fuerza han pasado a asentarse a lo largo de siglos en la conciencia social como propias de un “orden normal”, de una manera “natural” de ser.
Así, se instala un patrón cultural en la que está internalizado el predominio y la prepotencia del más fuerte, el antropocentrismo, el patriarcalismo, el nacionalismo chauvinista, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el clericalismo religioso y los modernos cultos al dinero, al consumismo, a la violencia, a ciertos patrones éticos y estéticos.
Este patrón cultural, en definitiva, es el resultado de la vigencia de un sistema de dominación concreto, refrendado en la institucionalidad y en las políticas públicas, que sustentan y acrecientan la desigualdad económica y social y la discriminación en el acceso efectivo a los derechos humanos.
Los desafíos y tareas para combatir la discriminación
Por esto, la promulgación de una Ley Antidiscriminación es sólo una medida inmediata para avanzar en un proceso que requiere el cambio de todo el sistema político, económico y cultural imperante y una transformación profunda de la institucionalidad.
Ello sólo será posible si una mayoría ciudadana empieza a cuestionarse el tipo de identidad al que ha ido adscribiendo bajo el influjo de la élite dominante e inicia la construcción de una cultura distinta, una de cuyas calidades esenciales es el de una cultura de acogida e integración, en la que las diversidades legítimamente existentes en la población dejen de percibirse y vivirse como problema y pasen a ser fuente de una interacción enriquecedora de todas y todos. Un proceso que en Chile entró a dinamizarse en el último año, abriendo horizontes de esperanza.
En esta dirección, hay una diversidad de tareas informativas, educativas y formativas, de creación de espacios y prácticas sociales, de alentar procesos sociales, políticos y culturales que vayan por un lado desmantelando el patrón cultural, y transformando la institucionalidad y las políticas públicas en que se asientan las actitudes, las conductas y prácticas discriminatorias; y estableciendo, por otra parte, las bases de un sistema alternativo.
Es preciso identificar, cuestionar y destruir las falsedades, los prejuicios y estereotipos, desmitificar las creencias erróneas y falacias que llevan a naturalizar las actitudes y prácticas discriminatorias, a establecer jerarquías, barreras físicas, legales, mentales y afectivas entre los seres humanos. Y que permiten la dominación de los portadores de la cultura de la muerte, del odio y del miedo. Dividir para reinar, sembrar la ignorancia, la desconfianza y la sospecha, alentar la competencia, han sido por siglos eficaces mecanismos de las minorías dominantes para mantenerse como tales. Es hora de hacerles frente.
La discriminación, como se ha dicho en la inauguración de este Seminario, es asunto de mayorías, no de minorías. Es resultado sí, de la siembra de élites minoritarias en las conciencias de las mayorías, para que éstas permanezcan divididas y en condición subordinada.

La discriminación contra la migración
La creciente migración es uno de los procesos de cambio relativamente nuevos que viene atravesando la sociedad chilena y que ha cobrado singular dinamismo en los últimos 15 años. Las últimas estimaciones de las autoridades dan cuenta de un número de inmigrantes que ya suman cerca de 370 mil, el doble de lo que consignó el censo de 2002 y un 270% más que los 100 mil registrados hacia 1992. Una inmigración que proviene fundamentalmente de los países latinoamericanos y particularmente de sus vecinos andinos: peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, en números no registrados antes en su historia .

Siendo Chile uno de los países latinoamericanos de menor crecimiento demográfico y uno de los que experimenta ya un proceso de envejecimiento relativo de su población nativa, la reciente afluencia de estos flujos migratorios contribuye a revitalizarlo en las múltiples dimensiones de su realidad humana. Incluso en la perspectiva específica del mercado laboral, los 315 mil inmigrantes -que significan poco más del 4% de la fuerza de trabajo- vienen a complementar una oferta de mano de obra que en más de una región y en más de una rama de actividad se presenta como deficitaria respecto de la demanda de trabajo.

El estado chileno ha enfrentado hasta ahora este proceso con una institucionalidad profundamente inadecuada y con numerosos “parches” o medidas parciales que se han ido adoptando, a falta de la voluntad política suficiente como para plasmar los cambios de fondo que se requieren y que han sido largamente representados por las organizaciones de la sociedad civil y en particular, por la organizaciones de migrantes. Destacan en este aspecto los dos procesos de regularización migratoria que en 1997 y en 2007 permitieron documentar a decenas de miles de migrantes residentes en condición irregular.

Sin embargo, una nueva ley de Política Migratoria, aún no termina de enviarse al parlamento por los gobiernos de Chile. El actual gobierno ha informado al “Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios”(CMW), organismo de la ONU que vela por el cumplimiento de la “Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, que la razón de ello es que han debido “adaptar las propuestas legislativas que se encontraban en proceso de elaboración a los objetivos que el Programa de Gobierno para el periodo 2010-2014 (tiene) en relación con temáticas como derechos humanos y migración internacional .”
En qué consistirá esta adaptación y cuánto dilatará ello su trámite, no puede sino inquietar a los migrantes y a las organizaciones de la sociedad civil que seguimos reclamando nuestro derecho a ser escuchados para asegurar que la nueva ley de migración incorpore la perspectiva de los derechos humanos de las y los inmigrantes, reconociéndonos como sujetos integrales de derechos y más allá de ello, como un vector fundamental de desarrollo y enriquecimiento del país.
La persistencia de la Ley de Extranjería de 1975 deriva sobre todo en la vigencia de la “visa sujeta a contrato” como mecanismo preponderante de regularidad migratoria que se ofrece a quienes ingresan al país con motivos de carácter laboral. Se trata de un mecanismo discriminatorio, precario y costoso, que en la práctica empuja a las personas migrantes a caer más temprano que tarde en la condición de irregularidad. A través de ello, en los hechos, es el estado el que incumple con su obligación de permitir y favorecer una residencia regularizada de la persona migrante y la expone a permanecer en condiciones de vulneración de sus derechos humanos y de incumplimiento de la propia legislación laboral y a partir de ello, del conjunto del marco institucional de derechos básicos que asisten a los ciudadanos.

Es importante destacar esto, porque si la condición de migrante expone a las personas a niveles de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos humanos en ausencia de una institucionalidad adecuada; esos niveles son particularmente mayores y dejan en desprotección absoluta al migrante en situación de irregularidad documentaria. Y abren espacios a violaciones graves de los derechos humanos que quedan en la más amplia impunidad, en la medida que la propia persona migrante se abstiene en estos casos de denunciarlos, por temor a ser sancionada y hasta expulsada del país por no tener sus papeles en regla.
En cuanto a las políticas públicas prevalecientes, a pesar de la existencia de algunos programas y convenios establecidos a nivel de la salud, la educación, la seguridad social, para corregir las discriminaciones de migrantes en los servicios públicos respecto de estos derechos, las faltas de información y formación de los funcionarios llevan a una discriminación frecuente y extendida de las y los migrantes en ellos. Además de estar sujetos a las mismas restricciones que para el conjunto de la población implican las políticas laborales y sociales establecidas en el marco de un modelo neoliberal.
A nivel de la sociedad civil, los prejuicios más frecuentes sobre los migrantes son: que quitan empleos, que favorecen la rebaja de los salarios, que profitan de los servicios públicos destinados a la población chilena; que son portadores de malas costumbres, de enfermedades nuevas, de redes delincuenciales y de narcotráfico.
La verdad es que la mano de obra migrante es más complementaria que sustituta de la mano de obra nativa, ubicándose en ocupaciones no preferidas por ésta última, además de estar revestida de factores diferenciadores de su propia calificación. Si acceden a menores salarios, ciertamente no es porque se presten para ello, sino porque la legislación migratoria prevaleciente les dificulta el acceso expedito a una residencia definitiva y favorece una radicación precaria y costosa tanto para el migrante como para quien le otorga trabajo.
Finalmente, si dentro de los flujos migratorios existe una minoría portadora de vicios, enfermedades o inmersa en prácticas delictivas, lo cierto es que no puede generalizarse y caracterizarse a partir de esa minoría.
Existen en la población chilena de menores ingresos igualmente algunos estereotipos acerca de las y los migrantes andinos y afrolatinoamericanas que apuntan a presumir en ellos una actitud anti-chilena y una inferioridad cultural; expresión de desconfianza y miedo a pueblos que realmente se desconoce.
Por una cultura de acogida e integración
Debemos educarnos desde la más tierna infancia en el conocimiento y reconocimiento de la infinita diversidad de los seres humanos y del universo del que somos parte y en la común dignidad y respeto que nos cabe a todas y todos. Diversidad que es consustancial a la posibilidad de construirnos y de aprender y crecer en interdependencia en el planeta y en el universo; que es por ello, una riqueza esencial y no una limitante.
Concebir la alteridad en la igualdad, el ubicar la diferencias como una riqueza superando relaciones de sometimiento, invisibilización, subordinación o menosprecio, es un desafío fundamental. Construir una cultura de complementariedad, de reciprocidad, de solidaridad, es el paradigma civilizacional que proclamamos, recogiendo el legado de nuestros pueblos originarios y de las familias y comunidades indígenas, mestizas y afrolatinoamericanas que han sido el soporte real de nuestra vida.
En materia migratoria, la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (APILA), ha levantado la consigna de luchar por una ciudadanía latinoamericana. Entendiendo por tal ciudadanía, cuando menos, el derecho al libre tránsito y residencia en cualquier país de la región, al igual que a tener los mismos derechos y trato ante la ley que los ciudadanos originarios del país en que se resida, siempre que se trate de América Latina y el Caribe.

Acuerdos en esta dirección se han venido adoptando en la última década en Suramérica. El “Acuerdo sobre Residencia de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile”, vigente en Chile desde diciembre de 2009, facilita para los nacionales de todos los países signatarios –argentinos, bolivianos, paraguayos, brasileños y uruguayos- el que puedan obtener una visa de residencia temporaria de hasta por dos años, sin mayor requisito que la presentación de pasaporte y un par de fotografías recientes con nombre y número de pasaporte o DNI. Al término del primer año, inclusive, el poseedor de esta visa puede impetrar directamente solicitud de permanencia definitiva. Demandamos resueltamente que el mismo acuerdo se extienda para los nacionales de los demás países de la región, en particular de Perú y Ecuador, cuyos gobiernos ya se han adherido formalmente a este Acuerdo.

Ciertamente, no bastará una nueva institucionalidad en materia migratoria para hacer de Chile y de Suramérica un país y una región que puedan aprovechar todo el potencial de enriquecimiento político, económico, social y cultural que le brindan los flujos migratorios intralatinoamericanos que se están verificando.

Es necesario construir comunidades en las que sobre la base de una disposición de acogida e integración se construya a su vez una identidad latinoamericana, una identidad suramericana. Una identidad que apoyada en una institucionalidad que reconoce derechos y deberes para todas y todos por igual, pasa también y esencialmente por una labor educativa y de acercamiento real de nuestros pueblos. Esa es la labor insoslayable de los movimientos sociales y de los educadores populares de la región.

Es a través de una educación como la preconizada por Paulo Freire, que haga de sus partícipes verdaderos protagonistas no sólo del proceso educativo, sino del proceso histórico, que se puede construir esa identidad.

Y el enfoque de la educación formal necesario para ello, no puede ser otro que el de la educación intercultural. Cuando la interculturalidad no se remite tan sólo al ámbito de lo lingüístico, sino que partiendo de ello, apunta en definitiva a validar y a poner en pie de igualdad las diferentes culturas de que son portadoras las familias, las comunidades y los pueblos.

Se trata de saber de dónde venimos, de reconocer cuáles son nuestras raíces. De darnos los espacios y los tiempos para conocernos y reconocernos. Para apreciar y valorar a cada uno de nosotros. De darnos en el proceso de construir nuestra unidad, un espacio, un rol, a jugar por cada uno de nosotros en la entidad superior que vamos construyendo. De ir gestando entre todos el proyecto que nos unificara, a través de practicas de vida y acción conjuntas.

La identidad latinoamericana no puede ser sino una macro-identidad, articulación y fusión de nuestras identidades indígenas, afroamericanas y mestizas, que perviven y se reconstituyen hoy en todos los rincones de América Latina. En esa identidad radica una enorme riqueza y potencial espiritual y cultural de nuestro continente, quizás si el más mestizo y el más tardíamente vinculado al Viejo Mundo.

Para todo es preciso que la sociedad chilena, particularmente sus clases y sectores populares, sus organizaciones sociales y ciudadanas, lo mismo que las organizaciones de migrantes, mancomunemos esfuerzos para crear y expandir una cultura de acogida e integración. Una cultura que abra la mente y los corazones de las personas para superar las fronteras y resentimientos que siglos de oscurantismo y dominación cultural han instalado en la cabeza de nuestros pueblos.

Por acogida entendemos la actitud ética básica de aceptación con que los humanos recibimos la incorporación de un nuevo miembro en la familia o en la comunidad. Como nos dice el filósofo Emmanuel Lévinas, “el encuentro con el otro debe estar mediado por la acogida y no por la comprensión. Cuando primero quiero comprender violento al otro, intento apoderarme de él, dominarlo, pues lo miro desde mi propio punto de vista, lo comprendo desde mis propios parámetros, lo cual es siempre reduccionista”.

Por integración a nivel de los pueblos entendemos la complementación que se da en la práctica común, en el intercambio fraterno, en la convivencia cotidiana, como la deseamos se dé entre nuestros migrantes intralatinoamericanos con los pueblos y barrios que los albergan.

Una integración que no es sometimiento, ni asimilación de unos por otros. Es conocimiento y reconocimiento de lo que tenemos en común y valoración y aprecio de nuestra diversidad. Es cooperación y trabajo colectivo y solidario. Es construir entre todos una comunidad que nos considera a todos y a todas, por igual.

Enviado por cor.chile el Vie, 2012-06-08 15:56. categories [ ]