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Seis agentes municipales de San Juan, arrestados por las autoridades federales el martes por presuntamente agredir fatalmente a un detenido en 2003, fueron acusados de violación de derechos civiles y obstrucción a la justicia. La fiscalía federal tiene como alternativa solicitar la pena de muerte para estas seis personas ya que la victima se trataba de un miembro de la Guardia Nacional.
La pena de muerte fue abolida en Puerto Rico en 1929 y en 1952 se prohibió en la Constitución del Estado Libre Saciado, avalada por los puertorriqueños y por el Congreso de los Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno federal se ampara en la Ley de Pena de Muerte de 1994 para buscar imponerla en nuestra Isla, debido a que se trata de un territorio de los Estados Unidos con un gobierno autónomo. Ante este intento que se ha llevado a cabo en varias ocasiones en nuestra historia lo que pone entre dicho nuestra relación desigual con los EE.UU., el gobernador Aníbal Acevedo Vila coincidiendo con los familiares de la victima y la mayor parte de los puertorriqueños, le urgió a la fiscalia federal a que respete la idiosincrasia puertorriqueña y no pida la pena de muerte para los seis agentes. Dicho sea de paso, ningún jurado puertorriqueño ha impuesto la pena capital en el tribunal federal.
Por: Emanuel Piñero Cruz
Fuente: periódico El Nuevo Día