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COMUNICADO DE PRENSA

En un hecho sin precedentes, el General Rafael Flores Lima, ex Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, fue citado a declarar en la sede de la Fiscalía General de la República de Chalatenango, mediante el proceso penal impulsado por la Asociación Pro Búsqueda, en el marco del cumplimiento de la investigación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida contra el Estado salvadoreño, el 29 de marzo de 2005, por la desaparición forzada de las niñas Erlinda y Ernestina Cruz.

Las dos niñas desaparecieron cuando tenían 3 y 7 años respectivamente, en el contexto del operativo militar denominado “Operación Limpieza” o “Guinda de mayo”, en el cual desaparecieron junto a ellas por lo menos 46 niños y niñas, entre mayo y junio de 1982, por acción directa de efectivos del ejército salvadoreño.

El ex Jefe del Estado Mayor, compareció en la sede de la Fiscalía de Chalatenango, el miércoles 25 de junio, a eso de las once y treinta de la mañana, acompañado de dos abogados de la Fuerza Armada. Previo a su comparecencia vehículos militares rondaron los alrededores de la Fiscalía y personas no identificadas tomaron fotografías de los familiares de las niños y niños desaparecidos que demandaban justicia en las afueras de la sede fiscal. Así mismo, un dispositivo de seguridad se mantuvo en las afueras de la Fiscalía durante el desarrollo de la diligencia

La comparecencia del militar retirado, que estaba programada para las once de la mañana, se postergó treinta minutos por su renuencia a presentarse ante las víctimas de que demandaban justicia.

La diligencia se extendió por más de cuatro horas, ya que el General Flores Lima debió responder a las preguntas efectuadas por Fiscalía y la abogada de Pro-Búsqueda. Sus respuestas fueron evasivas y cerradas, aunque no pudo negar la responsabilidad de los Jefes de los Batallones élite Atlacatl y Belloso, del Destacamento Militar No. 1 y de la 4ª Brigada de Infantería en la ejecución del Operativo Militar “Operación Limpieza, en el que desaparecieron Ernestina y Erlinda Serrano Cruz.

El acta de la entrevista será trasladada a la Jueza de Primera Instancia de Chalatenango, quien deberá evaluar el contenido de la misma y analizar la responsabilidad del ex jefe militar.

Es importante destacar que el General Rafael Flores Lima se desempeñó como Jefe del Estado Mayor de la FAES, de enero de 1981 a diciembre de 1982; de enero de 1983 a enero de 1988, ocupó el cargo de Vice Ministro de la Defensa Nacional.

La Comisión de la Verdad estableció que la masacre de Junquillo, ocurrida en marzo de 1981; del Sumpul, ocurrida en 1981; El Mozote en diciembre de 1981; el Calabozo en agosto1982; Las Hojas, en febrero de 1983, entre otras, fueron perpetradas por efectivos del ejército; en tal sentido, el General Flores Lima, como Jefe del Estado Mayor Conjunto, era el responsable directo de los mandos operativos, es decir, de los Jefes de destacamento, de brigadas y de batallones élites. Igualmente, como Vice Ministro, debió ser informado de las actividades realizadas por dichas unidades.

Reiteradamente, la Fuerza Armada negó en el proceso penal la existencia del citado operativo militar y la participación del Batallón Atlacatl en el mismo; no obstante, la Asociación Pro-Búsqueda demostró ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la realización del mismo, lo cual también ha sido probado en el proceso penal que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango.

Hay que señalar, que han transcurrido quince años desde que este proceso judicial fuera iniciado por la madre de Erlinda y Ernestina, doña Victoria Cruz, con el acompañamiento del fundador de Pro Búsqueda, el padre jesuita Jon Cortina, en 1993. Desde ese momento el Estado, a través de las autoridades fiscales y judiciales, le negó justicia a la familia Serrano Cruz y por ello fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pro-Búsqueda considera como un hecho inédito, el que militares de alto rango comparezcan ante la justicia, lo que debe significar el inicio de un nuevo proceso para el sistema de justicia en nuestro país: la superación del estado de impunidad.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS