Resistencia y alternativas a la explotación minera en Guatemala
Ponencia en el iii encuentro de la red de alternativas
a la impunidad y a la globalización del mercado
Oviedo, 21-24 junio 2007

Fernando Bermúdez^*

Se me ha pedido que comparta la resistencia y alternativas a la explotación de los recursos naturales, concretamente a la explotación minera, en Guatemala.

Pero antes quiero enmarcar el tema en el contexto de la globalización neoliberal, un sistema que se ha impuesto con fuerza a nivel planetario, por el que toda la actividad humana gira en función del mercado, un mercado que trasciende las fronteras y que está por encima de la vida de las personas y de los pueblos.

De todos es conocido que la globalización neoliberal agudiza la brecha entre un Norte cada vez más rico y un Sur cada vez más empobrecido. Los tratados de libre comercio (TLC) de los países de Centroamérica con EEUU y la explotación minera por las compañías multinacionales son una expresión de este sistema. Con el TLC los países de Centroamérica estarían ante plazos de 50 años sin posibilidad de hacer nada y sin derechos a supervisar a las compañías extranjeras. En el TLC hay un capítulo de inversiones en donde el Estado no puede hacer nada en dirección a una empresa multinacional, mientras que éstas pueden demandar al Estado las veces que quieran, como señala Miguel Ángel Sandoval (Prensa Libre, 3.6.2006).

La globalización neoliberal no se limita a lo económico, abarca también lo político: fortalece la hegemonía imperial de Estados Unidos, crea confrontación entre los pueblos, agudiza la carrera armamentista, genera guerras invasoras y crea una idolatrización del mercado y del imperio

También abarca lo cultural e ideológico. Configura una cosmovisión propia que trata de imponerse arrasando las culturas de los pueblos. La globalización neoliberal convierte los proyectos educativos en instrumentos de control social, es decir, en instituciones de domesticación.

Una globalización bien orientada podría acercarnos a la utopía de un mundo fraternizado, incluyente y plural, con capacidad de superar las desigualdades, buscar juntos la conservación del medio ambiente y crear una nueva conciencia de ciudadanía universal. Esta idea de globalización sería verdaderamente humanizante y podría salvar a la humanidad.

Sin embargo, la globalización ha entrado deshumanizando la sociedad y destruyendo el medio ambiente. Testimonio de ello es la actividad minera “a cielo abierto” en Centroamérica y concretamente en Guatemala, que por su configuración geomorfológica es una país rico en minerales metálicos (oro, plata, níquel, cobre…) e hidrocarburos.

La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto ambiental, social y cultural.

Es una actividad industrial insostenible en la medida que la explotación del recurso supone su agotamiento.

Sin embargo, la oligarquía nacional y las instituciones financieras como el Banco Mundial se han empeñado en esta explotación con el discurso del desarrollo. Las organizaciones sociales de Guatemala y la Iglesia ha expresado su oposición a la actividad minera química de metales después de comprobar con datos fehacientes que esta industria en otras partes del mundo, lejos de contribuir al desarrollo de las comunidades, ha generado porcentajes de mayor pobreza y miseria.

A esto se suma el impacto ambiental. La minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral. En el municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se ha talado ya más de 20 Km2 de bosque para remover la tierra y extraer el mineral de oro y plata. Esta actividad deja suelos destruidos e inservibles. Deja tierras expuesta a la erosión de los amontonamientos de residuos estériles. Hay alteración de los ecosistemas. Utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia química altamente tóxica, que permite separar el oro del material removido, que presenta el riesgo de contaminación de suelos y aguas subterráneas. Riesgo de drenaje ácido, pues al quebrar la roca quedan expuestos otros elementos químicos de metales pesados concentrados que se combinan con la lluvia y pueden contaminar arroyos. Utiliza grandes cantidades de agua que extrae de pozos muy profundos, corriendo el riesgo de que afecte los manantiales y arroyos. La compañía minera que opera en San Miguel está autorizada para utilizar, completamente gratis, seis millones de litros de agua diarios, porque la técnica que usa para separar el mineral de la roca es la hidrometalúrgica (Magali Rey Rosa, P.L. 15.8.2004). Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.

La ley de minería en Guatemala data del gobierno neoliberal del presidente Álvaro Arzú (1995-1999), por la que el 99% de la producción se la lleva la compañía multinacional dejando para el país tan solo un 1% de regalías.

En Guatemala opera la compañía MONTANA con el proyecto Marlin y Entre Mares, S.A. que dependen de la compañía madre Glamis Gold. Las compañías mineras solicitan al Gobierno (Ministerio de Energía y Minas) licencia de Reconocimiento, después de Exploración y, finalmente, de Explotación. El gobierno de Guatemala, de marcado corte neoliberal, concede con facilidad las licencias a las multinacionales.

Ante esta realidad las organizaciones sociales y populares y la Conferencia Episcopal de Guatemala y más concretamente la diócesis de San Marcos, ofrecen resistencia y proponen alternativas.

En 2005 el Obispo de San Marcos Álvaro Ramazzini y la Pastoral Social de la diócesis convocaron a una manifestación de resistencia a la explotación minera, manifestación que se llevó a cabo el 27 de enero en la ciudad de San Marcos concluyendo ante el palacio de Gobernación departamental, en la que participaron más de 10.000 personas representantes de los 29 municipios del Departamento. El Obispo llamó al pueblo a ofrecer resistencia pacífica a la explotación minera tal y como está contemplada e hizo un llamado al gobierno para que realice consultas efectivas con la población. Propuso que se cambie la Ley de Minería: que la ganancia sea de un 50% para la compañía minera y otro 50% para el país, y que la sociedad civil nombre un equipo técnico para monitorear el impacto social y ambiental.

La resistencia se ha manifestado de varias formas: resistencia de la población del altiplano guatemalteco, sobre todo de los departamentos de Sololá y Quiché, al traslado de maquinaria de la empresa Montana que venía custodiada por la policía y el ejército. En esta resistencia hubo un campesino muerto y varios heridos. Lo cual muestra que la fuerza pública que debería estar al servicio del pueblo está al servicio de las empresas privadas y de las multinacionales.

Pero la resistencia más sobresaliente consiste en la realización de las Consultas comunitarias. Estas se efectúan conforme a las costumbres propias e históricas de las comunidades mayas mediante asambleas comunitarias. Se han realizando consultas comunitarias en:

1. Municipio de Sipakapa (San Marcos): El 18 de julio del año 2005 se realizó una consulta comunitaria en las 13 aldeas, de las cuales 11 dijeron NO a la exploración y explotación minera, una se abstuvo y otra aceptó.
2. Municipio de Concepción Tutuapa. La consulta se llevó a cabo el 13 febrero 2007. Las 64 comunidades de este municipio expresaron su oposición a esta industria extractiva e hicieron un comunicado a la opinión pública nacional e internacional diciendo que la “Minería de metales queda absolutamente prohibida en este municipio y solicita a la comunidad internacional que se mantenga atenta a este proceso”. La misma corporación municipal se comprometió a hacer un Acuerdo Municipal que prohíbe cualquiera actividad minera en el territorio de Concepción Tutuapa.
3. En San José Ojetenám, en el 2006, la compañía minera realizó un reconocimiento en algunos lugares del municipio, ricos en bosques y en manantiales de agua. Prometió al alcalde que si le da permiso de exploración y explotación le construiría varias obras. El alcalde convocó a la población en el parque central para expresarle la propuesta de la compañía, a lo que el pueblo contestó: “Hemos vivido siempre sin oro, pero sin agua no se puede vivir”. Dijo No a toda actividad minera.
4. El 13 de junio de 2007 se llevó a cabo la consulta comunitaria en el municipios de Ixchiguán. Las distintas aldeas y caseríos de este municipio del altiplano de San Marcos rechazaron unánimemente la exploración y explotación minera por parte de las compañías multinacionales argumentando que la riqueza de los recursos naturales que hay en Guatemala del pueblo. El alcalde y el Consejo Municipal avalaron la determinación del pueblo.
5. San Juan Sacatepèquez, municipio del departamento de Guatemala, el 13 de mayo de 2007 rechazó mediante consulta comunitaria, toda exploración y explotación minera para una planta de cemento. En la consulta participaron 8,240 ciudadanos y ciudadanas documentados, de los cuales sólo 4 votaron a favor de la minería.
6. La empresa multinacional Hidroeléctrica Tres Ríos, aprovechando los ríos que bajan de la región del volcán Tajumulco, implementó un proyecto hidroeléctrico sobre los ríos Cucuchimá y Canujá en los municipios de Tajumulco y San Pablo. La población no está en contra de las hidroeléctricas como fuente de energía, sino que se opone a que empresas nacionales privadas y multinacionales utilicen sus recursos naturales con fines de lucro. La propuesta de las comunidades es que se construya una hidroeléctrica mancomunada, que sea propiedad de las mismas municipalidades.

Este rechazo se suma a las diferentes manifestaciones populares de los últimos años en todo el país en contra de la actividad minera a cielo abierto y de las hidroeléctricas que no toman en cuenta al pueblo, y mostró la práctica de los pueblos indígenas de Guatemala de expresarse pacíficamente sobre asuntos que les afectan directamente.

Las consultas comunitarias se fundamentan en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que habla del derecho a la consulta de la población, sobre todo los artículos 7 y 15. Asimismo, en la legislación guatemalteca se contempla el derecho que el pueblo tiene a decidir sobre la explotación de sus recursos naturales: Constitución Política de la República de Guatemala art. 66 y 253; Código Municipal art.35, 65 y 66; Ley General de Descentralización art. 18; Ley de los Consejos de Desarrollo art. 20; leyes que surgieron a raíz de los Acuerdos de Paz.

Sin embargo, las instituciones del Estado (Corte de Constitucionalidad, Ministerio de Energía y Minas...) en abierto irrespeto a la voluntad del pueblo, siguen en su empeño de conceder licencias de reconocimiento, explotación y explotación minera metálica.

La Pastoral Social y el movimiento social guatemalteco no están en contra de la explotación de los recursos naturales siempre que esta explotación revierta en beneficio de las comunidades para mejorar su vida y se realice cuidando el medio ambiente.

La postura de la Iglesia de Guatemala es la defensa de la vida del ser humano y de la naturaleza. Dios creó la naturaleza para que los hombres y mujeres vivan en armonía con ella y la cuiden. Si la actividad minera a cielo abierto va a provocar impactos sociales sobre la salud y la vida de las poblaciones y va a afectar a la biodiversidad, su postura es de resistencia firme y activa. Así lo dejó claro la Conferencia Episcopal de Guatemala y nuestro obispo Álvaro Ramazzini, quien a su vez hace un llamado a los campesinos a no vender su tierra a las compañías multinacionales.

La Pastoral Social y el movimiento popular abogan para que la explotación minera, así como las hidroeléctricas sean mancomunadas, es decir, propiedad del pueblo, con el apoyo financiero y técnico, si fuera necesario, de empresas privadas, controladas por las mismas comunidades, para velar por el bien común y la conservación del medio ambiente.

Ante esta realidad, proponemos como alternativa.

1. Realización de acciones conjuntas de la sociedad civil para que el Estado prohíba las concesiones de minería metálica. A esto responde las consultas comunitarias.
2. Exigir el libre acceso a la información de las solicitudes de licencias mineras.
3. Construir un marco legal que desarrolle una política minera que proteja los derechos humanos y los recursos naturales y que regule los distintos tipos de minería.
4. Potenciar las iniciativas que desde los territorios desarrollan ya los pueblos indígenas, para construir su propio destino en materia comercial, cultural, social, ambiental y productiva.
5. Crece el clamor popular por la nacionalización de los recursos naturales, siempre controlados por las comunidades. Pero esto no es posible mientras persistan gobiernos neoliberales.

Se están haciendo esfuerzo por articular el movimiento social, que hoy se haya todavía fraccionado, para que conformando una red nacional y centroamericana se logre que el pueblo sea sujeto de su propio desarrollo.

Se ha iniciado un caminar que nos lleva a la construcción de un futuro más humano, limpio y esperanzador. Hay cada vez más conciencia de que urge ver y vivir la vida sin ambición de lucro y de poder, con un espíritu de justicia, de protección de nuestros recursos naturales, de solidaridad, de ternura, respeto a la naturaleza y de gratitud contemplativa. Es aquí donde surge el gran desafío: revertir la globalización neoliberal por la globalización del derecho, la justicia, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente.

*    Coordinador de Derechos Humanos del Obispado de San Marcos (Guatemala) y miembro del equipo de coordinacion de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos.
Delegado Departamental del Movimiento de Derechos Humanos
SICSAL (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina)