Desde hace muchas décadas, los derechos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo se han negado cada vez más por las diversas administraciones en los Estados Unidos.
La política migratoria de los Estados Unidos tiene profundas raíces, marcada por la esclavitud de los africanos y el genocidio contra los pueblos nativos. Su política hacia América Latina y el Caribe se ha basado en el racismo, y un concepto de la región como el patio trasero de Estados Unidos, fuente de recursos naturales y mano de obra inmigrante barata, principalmente de México.
En la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos apoyó dictaduras militares en El Salvador, Guatemala y Honduras que resultaron en un desplazamiento forzado de millones de migrantes a los Estados Unidos. En 2009, el gobierno de Estados Unidos apoyó un golpe militar en Honduras que está vinculado al narcotráfico y al crimen organizado. La situación de pobreza y violencia generó un flujo migratorio hacia el norte.
Más recientemente, el cambio climático ha dañado muchos ecosistemas, haciendo imposible la producción de alimentos debido a inundaciones o sequías, especialmente en las tierras altas guatemaltecas, y ha obligado a muchos agricultores a migrar hacia Estados Unidos.
La administración Trump emitió sistemáticamente órdenes ejecutivas para socavar el sistema de refugiados y asilo, comenzando con la prohibición de refugiados procedentes de países musulmanes, y la Orden Ejecutiva de Seguridad Fronteriza que fue un plan de políticas anti-asilo y antiinmigrante, incluyendo la construcción de un muro fronterizo, el aumento y la detención prolongada de solicitantes de asilo y la deportación masiva de inmigrantes.
En 2018, estas órdenes dieron lugar a la separación sistémica masiva de familias, ya que los padres fueron detenidos y procesados y sus hijos puestos bajo custodia ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), causando traumas de por vida e irreversibles a miles de niños y sus familias.
En 2019, se implementó el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), lo que más a menudo se conoce como la política Permanecer en México (Remain in Mexico), socavando la fundación del sistema de asilo de Estados Unidos al detener y devolver sistemáticamente a los solicitantes de asilo a México para esperar sus procedimientos, exponiendo efectivamente a los solicitantes de asilo al riesgo de violencia, explotación de cárteles, secuestro y muerte. Permanecer en México fue diseñado para disuadirlo a través de la crueldad. Bajo la ley estadounidense, permanecer en México es una violación de la Ley de Refugiados de 1980.
A la administración Trump el COVID-19 le cayó de perlas: Al inicio del COVID-19, finales de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictamina que los agentes de la Patrulla Fronteriza por motivos de seguridad quedan inmunes ante la ley si matan a alguien del lado mexicano de la frontera. Es decir, las familias no tienen derecho a reclamar o a pedir justicia.
Es decir, todo migrante o persona cualquiera que se encuentre del otro lado del muro, se vuelve inmediatamente vulnerable a los disparos de la Patrulla Fronteriza. (Caso Hernández vs Mesa febrero 25, 2020).
Aprovechó para deportar multitud de gente infectada por el COVID-19. Se identificaron 2,808 vuelos de deportación efectuados por Immigration and Customs Enforcement (ICE), policía de control migratorio. En Guatemala indicaron que el 20 por ciento de los infectados en el país se debían a los vuelos de ICE, igual sucedió en Honduras, El Salvador, México, Haití, Nicaragua, Colombia y Brasil.
Ha aumentado la cantidad de gente migrante cruzando por las zonas más peligrosas del desierto. The Border Patrol (La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos). Se estima que muere un migrante cada día en el desierto. Debido a la prohibición de asilo, y hacer de México y otros países en la región lugares de espera, ha contribuido a que la gente se desespere y cruce por el desierto, sin imaginar lo terrible donde ocurren más de la mitad de las muertes.
Aumenta la persecución de los migrantes adentro de Estados Unidos y las deportaciones ya mencionadas. Esto crea un temor en la población latina. Mueren los primeros migrantes detenidos por ICE adentro de Estados Unidos y la tasa de infección en los centros de detención alcanza hasta un 57 por ciento y sigue subiendo. Con estas cifras las deportaciones son cada vez más rápidas y con más gente.
La patrulla fronteriza está experimentando detener con un rayo de calor a los migrantes que pretenden cruzar, provocándoles con estos rayos un gran dolor.
No solo separan las familias, también empiezan a deportar menores que están solos a causa de la separación familiar efectuada por ICE. Las familias no logran encontrar a todos los niños deportados ni a los separados.
Diecisiete individuos fueron asesinados o murieron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en 2019, más de cualquier año en la última década excepto 2012. Seis niños migrantes murieron bajo custodia del gobierno entre septiembre de 2018 y mayo de 2019, las primeras muertes de este tipo en una década, entre ellos dos niños mayas de Guatemala en la región de El Paso, Jakelin Caal Maquin y Felipe Gómez Alonso.
La Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza se acerca al movimiento de Black Lives Matter, pues es la esperanza de alzar nuestra voz con la de ellos.