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Artículo ganador de concurso de la Agenda Latinoamericana 2015 en REDES.

Autor | Autores: 
Sicsal Puerto Rico

Le presentamos el escrito ganador de nuestro concurso de la Agenda Latinoamericana 2015   "Derecho Humano a la Nacionalidad" IX edición, presentado por María Landi (activista de derechos humanos, cristiana, originaria de Uruguay). La felicitamos por su excelente trabajo y agradecemos a todas y todos  los que participaron en el concurso.  Exhortamos a que  el próximo año envien sus escritos y  puedan concursar en el certamen.

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Sobre sionismo, nacionalismo y derechos palestinos

Por: Maria Landi.

Cuando se habla de pueblos o naciones sin territorio, Palestina es uno de los primeros casos que viene a la mente. Sin embargo poco se conocen las particularidades que lo hacen único.                                            

Antes de la creación del Estado de Israel en 1948, esa tierra estaba habitada principalmente por árabes de religión musulmana, cristiana y judía. En su larga historia, Palestina resistió a los invasores de turno: egipcios, griegos, romanos, cruzados, otomanos, británicos y -el último siglo- sionistas.
 

Al caer el Imperio Otomano tras la I Guerra Mundial, Palestina quedó bajo control de Gran Bretaña, que facilitó la inmigración masiva de judíos de Europa. Ello desató un conflicto creciente con la población árabe nativa, que asistía impotente a la entrega de su territorio. Cuando la situación se volvió inmanejable, los británicos acudieron a la ONU, que en 1947 resolvió partir Palestina para crear un estado judío y otro árabe.

 

En un período en que la descolonización daba lugar a nuevos estados, la ONU ideó una solución a contracorriente: entregar más de la mitad del territorio palestino a los colonos europeos, que ya habían logrado ser casi la tercera parte de la población. Lógicamente la población nativa rechazó la resolución, mientras los sionistas la aceptaron, viendo una luz verde para lanzarse a la conquista de más tierras: mediante una campaña de limpieza étnica (nakba o catástrofe en árabe), al cabo de un año se habían apropiado del 78% del territorio, expulsando a casi 800.000 árabes; y en 1967 se apropiaron del resto. La implantación y expansión de Israel ha condenado al pueblo palestino a ocupación y colonización en Jerusalén, Gaza y Cisjordania, a un régimen de apartheid dentro de Israel y al exilio forzado de más de la mitad de sus miembros.

 

El 29/11/12 la ONU reconoció a Palestina como Estado observador, a pesar de no reunir las condiciones mínimas: no tiene control de sus fronteras ni continuidad territorial ni soberanía política. Pese a la ANP[1] (cuyo poder es casi inexistente), Palestina es un territorio controlado en toda su extensión y en todos los aspectos por Israel. Es un Estado ocupado y colonizado por otro Estado, ambos miembros de la ONU.

 

Esa situación se perpetúa pese a las reiteradas resoluciones y tratados internacionales que Israel ignora sistemáticamente sin haber recibido sanción por esa prolongada violación. La impunidad le permite no sólo mantener el estatus quo, sino perpetrar periódicamente masacres como la de 2014 sobre Gaza, que dejó un saldo de 2200 muertes.
 

Pocos quieren ver, incluso en América Latina, la naturaleza colonial del Estado de Israel, donde no hubo nunca ni hay lugar para la población palestina. Las políticas sionistas están diseñadas para deshacerse de ella, ya sea mediante limpieza étnica, genocidio incremental[2] o un sistema sofisticado y perverso cuya finalidad es convertir la vida de las y los palestinos en un infierno cotidiano para que abandonen su tierra.

 

El proyecto sionista –surgido en Europa a fines del siglo XIX- se propuso justificar la colonización de Palestina otorgando carácter de nación a la religión judía[3] y repitiendo el falso eslogan: “una tierra sin gente para un pueblo sin tierra”. Pero Palestina no estaba vacía, sino habitada por un pueblo que tenía un alto grado de desarrollo económico, social, cultural y espiritual, donde la mayoría musulmana compartía la Tierra Santa para las tres religiones con las minorías cristiana y judía.

 

 

La persecución que sufrían los judíos en Europa (nunca en Medio Oriente) y el deseo de sacarse de encima ‘el problema judío’ llevó a las potencias a impulsar la creación de “un hogar nacional judío” en Palestina[4].

 

Pocos advierten las implicaciones de que Israel se defina como el Estado del pueblo judío. Es como si la Constitución de un país estableciera que es el Estado del pueblo blanco o el Estado del pueblo cristiano. Tal definición corresponde a un Estado teocrático o etnocrático (según cómo se entienda la esencia del ser judío).

 

Al definirse como el Estado de los judíos del mundo, Israel es el único país que nacionaliza a cualquier persona en virtud de una identificación religiosa. Cualquier judío puede emigrar a Israel y recibir de inmediato la nacionalidad. Pero la población árabe expulsada de su tierra en 1948 (y sus descendientes, que viven hacinados en campos de refugiados en los países vecinos) tienen prohibido retornar a su patria.

 

En la Ley Básica de Israel[5] no existe la nacionalidad israelí (sí la ciudadanía israelí, que otorga algunos derechos, como el voto). La nacionalidad como componente fundamental del Estado se define como judía. La Corte Suprema rechazó todas las solicitudes de israelíes seculares pidiendo que en su documento de identidad figure la nacionalidad israelí.

 

La nacionalidad judía garantiza el acceso a la tierra, a vivienda, salud, educación, trabajo y servicios de mejor calidad. Las personas no judías son ciudadanas de segunda clase, pues la asignación de recursos estatales para unas y otras es dramáticamente desigual. Esto es así para el 20% de la población de Israel que es palestina[6] y también para los inmigrantes no judíos.

 

De hecho en Israel hay más de 50 leyes[7] –además de políticas estatales y prácticas cotidianas- que discriminan a la población no judía, lo que ha llevado a calificar a Israel como un régimen de apartheid[8]. En Cisjordania los palestinos están sometidos a decretos militares, mientras los colonos se rigen por la ley civil; hay carreteras por las que los palestinos no pueden circular, y hasta las matrículas de los vehículos son diferentes para garantizar a unos la libertad de movimiento que se les niega a los otros; las colonias judías[9] reciben seis veces más agua que las localidades palestinas, y sólo las primeras obtienen permisos para construir.
 

Cuando se comprende que la judaización de toda Palestina está en el ADN del proyecto colonial sionista, y que ello entraña una ideología supremacista y excluyente, el conflicto se vuelve fácil de entender: la continua expropiación de la tierra y del agua y la expansión de las colonias, la demolición de viviendas, la detención masiva y la represión a todo reclamo justo, la obsesión por eliminar todo rastro del pasado árabe en la historia y la cultura, obedecen al plan original del sionismo: todo lo que no sea judío debe ser eliminado de la tierra de Palestina.

 



[1] Autoridad Nacional Palestina, establecida en los fallidos Acuerdos de Oslo de 1993.

[2] Término acuñado por el historiador israelí Ilan Pappé.

[3] El reclamo judío sobre Palestina en base a relatos bíblicos sobre un pasado remoto en esa tierra tiene tanta legitimidad como si los cristianos del mundo también exigieran tener un Estado donde nació el cristianismo, o los musulmanes reclamaran la península ibérica porque siglos antes estuvo allí el reino de Al Andalus.

[4] Expresión utilizada en la famosa Declaración Balfour (por el nombre del canciller británico) en 1917. En ese momento las personas de religión judía constituían un 4% de la población de Palestina.

[5] La Ley Básica es un sustituto para la Constitución, de la cual carece el Estado de Israel, precisamente por la falta de acuerdo entre los sectores religiosos y seculares sobre la necesidad y carácter que tendría dicha Constitución.

[6] Se trata de unas 1.500.000 personas, descendientes de las 150.000 que por una razón u otra después de la Nakba pudieron permanecer  (o regresar poco después) en el territorio que se convertiría en el Estado de Israel. Estas personas tienen ciudadanía israelí (y pueden votar) pero no tienen la nacionalidad judía.

[7] ADALAH (centro para los derechos de la minoría palestina en Israel) publicó una base de datos al respecto: http://www.adalah.org/en/content/view/7771

[8] Esta calificación se basa en la definición del crimen de apartheid según el derecho internacional (básicamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención internacional para la erradicación y sanción del crimen de Apartheid.

[9] La ONU ha declarado reiteradamente que todas las colonias judías ubicadas en el territorio palestino ocupado son ilegales según el Derecho Internacional. No obstante, Israel continúa expandiéndolas y apropiándose de más y más territorio palestino. Hoy, más de 600.000 colonos viven en Cisjordania y Jerusalén Este.

Puede leer el escrito en: https://mariaenpalestina.wordpress.com/

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