Estado ecuatoriano enfrenta crisis socio-ambiental con suspensión de derechos, militarización, allanamientos y detenciones

*PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL*

*ESTADO ECUATORIANO ENFRENTA CRISIS SOCIO-AMBIENTAL CON SUSPENSIÓN DE DERECHOS, MILITARIZACIÓN, ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES*

Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben este pronunciamiento cuestionan la respuesta del Estado ecuatoriano a una crisis socio-ambiental de vieja data, generada por las actividades de las empresas transnacionales mineras en la Amazonía ecuatoriana, en especial en la provincia de Morona Santiago, mediante la declaratoria de un “estado de excepción” que suspende derechos, militariza la zona, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias.

Los procesos de concesiones a los diferentes proyectos en curso, como el de Panantza-San Carlos, no respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y omiten el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por el Ecuador, convirtiéndose en una de las principales causas de la crisis socio-ambiental que el Estado ecuatoriano enfrenta inadecuadamente con centenas de policías y militares.

En este contexto, además, condenan el inicio del proceso de extinción y disolución de Acción Ecológica, organización ecologista y defensora de los derechos de la naturaleza, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entidad a la que las autoridades gubernamentales la acusan de respaldar “las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad shuar”.

Del mismo modo, rechazan el allanamiento de la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la detención de su presidente, Agustín Wachapá, acciones que no contribuyen a la búsqueda de una solución consensuada de los conflictos y las tensiones en la Amazonía ecuatoriana.

Las organizaciones de derechos humanos y sociales no dejan de demandar de la Fiscalía General del Estado y de los tribunales competentes, el esclarecimiento y la sanción de los responsables de las muertes de los dirigentes shuar Bosco Wisum, Freddy Taish y José Tendentza, acaecidas años atrás, en contextos de defensa de sus derechos colectivos; y, de condenar la muerte del policía José Mejía, ocurrida durante los enfrentamientos que tuvieron lugar días atrás, en la comunidad Nankints, parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco.

Y, por último, exhortan al Gobierno Nacional a suspender el “estado de excepción”, desmilitarizar la zona, detener el proceso de disolución de Acción Ecológica e instalar una mesa de diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas, con la participación de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, con el propósito de acordar mecanismos institucionales permanentes que garanticen los derechos colectivos y los de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana, responsabilidad ineludible del Estado ecuatoriano.

Quito, diciembre 21 del 2016